El Concejo se mete de lleno en el problema de los inquilinos, a quienes se les hace cada vez más difícil pagar los alquileres en una ciudad que tuvo un boom de la construcción. El Concejo Municipal se metió de lleno en el mercado inmobiliario de Rosario. A través de una iniciativa del concejal oficialista Orlando Debiasi, la Intendencia deberá relevar todos los inmuebles que no estén alquilados con el objetivo de aplicarles un aumento superior al 50 por ciento de la tasa general de inmuebles (TGI). El proyecto propone también que las viviendas alquiladas reciban una compensación por estar ocupadas. Según algunas estimaciones extraoficiales, la medida dispuesta por el oficialismo afectará al 30 por ciento de los departamentos nuevos que hay en el macrocentro de Rosario y que estarían ociosos.
Con esta iniciativa aprobada en la última sesión, el Concejo pretende regular la especulación inmobiliaria que perjudica a los inquilinos. Los inmuebles aumentan sus precios de locación, pese a que la oferta ha aumentado por el boom edilicio, pero esto no se traduce en un precio que quienes alquilan pueden afrontar.
Según la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y la Universidad Nacional de Rosario, si en 2001 alquilar un departamento de un ambiente en el microcentro costaba 200 pesos; en la actualidad asciende a los 600 pesos o más. El informe establece que desde 2005 en adelante se triplicaron los precios. Para Debiasi, "el déficit habitacional va en aumento por los altos costos de los alquileres, ya que la distorsión entre el tipo de oferta y la demanda existente empujan los precios de los mismos hacia arriba". Y en función de "corregir distorsiones en el mercado de propiedades", como fundamentó Debiasi, la ordenanza le encomienda al Ejecutivo la factibilidad de identificar todas las viviendas ociosas que podrían alquilarse.
Una vez detectadas se les aplicará una incremento de la TGI en un parámetro que no sea menor al 50 por ciento de su monto total a aquellas viviendas que se encuentren ociosas y a las que durante seis meses no presenten prestación de servicios y se encuentren sin ocupantes.
Y como contracara a esta presión tributaria, se impone una compensación en la tasa a los propietarios de las viviendas que se encuentran en alquiler permanente. Garantes El proyecto aprobado por mayoría tiene un segundo punto destacado: se le encomienda al Banco Municipal que instrumente una operatoria para las garantías de alquiler.
Debiasi consideró que ese servicio "podría redundar en un impulso de la oferta" y citó el caso del Banco Supervielle, "que brinda garantías en operaciones de alquiler; el banco cobra 9 por ciento de comisión: 6 por ciento al inquilino y 3 por ciento al propietario".
Frente al argumento de que esta batería de medidas atentaría contra la propiedad privada, el edil oficialista consideró que "no se altera la disponibilidad de su bien ni se modifica la base imponible; simplemente se grava la ociosidad, en la función indelegable del Estado de propender a solucionar un importante problema social".
Algunas estimaciones extraoficiales indican que sólo en el macrocentro existiría un 30 por ciento de los departamentos sin alquilar, sin contar los de alta gama de más de 100 metros cuadrados en disponibilidad desde el año pasado. Fuentes de la Secretaría de Hacienda indicaron que aún "no existe ningún dato en la Dirección municipal de Catastro como para hacer una estimación". Además, la Intendencia no definió si impulsará la factibilidad, ya que el tema no fue abordado en la última reunión de gabinete del lunes pasado.
En sintonía con el proyecto de Debiasi, el concejal de la Coalición Cívica Carlos Comi había presentado una iniciativa similar por la cual los inquilinos obligados a pagar la TGI sean encuadrados como caso social y tributen menos.
Si bien el proyecto está aún en tratamiento parlamentario, Comi explicó los requisitos para acogerse a este beneficio, que será un mecanismo que consiste en demostrar su condición de locatario, no poseer ninguna propiedad inmueble a su nombre, la falta o insuficiencia de ingresos del solicitante y sus convivientes y la presentación del contrato de locación por el cual se lo obliga a afrontar esa tasa municipal.
Para establecer la falta o insuficiencia de ingresos requerida, se plantea evaluar el ingreso neto del cual dispone el inquilino y su grupo familiar, deducido del importe que abona en concepto de canon locativo.
Fuente: Punto Biz - La Capital/El Inmobiliario.com
